Halliburton ratificó que no trabajará en Sea Lion tras las advertencias argentinas

La declaración llegó desde la casa matriz en Houston después de contactos con autoridades federales argentinas. Según informó la compañía, el Gobierno planteó consultas sobre la aplicación de la legislación civil y penal vigente, las nuevas normas en discusión y las regulaciones para contratar empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. Halliburton confirmó que la decisión alcanza también a todas sus subsidiarias.

La presión sobre los proveedores

Halliburton Argentina ya había comunicado el 5 de septiembre que no participaba de Sea Lion ni de actividades de exploración o producción en Malvinas. Ahora, la casa matriz anunció que esa decisión se extiende a todo el grupo después de las conversaciones con las autoridades argentinas.

Por esos mismos días, SLB -antes Schlumberger- y Baker Hughes habían difundido posiciones similares. Ninguna de las tres compañías estaba vinculada con Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, pero los anuncios llegaron después de que Javier Milei endureciera las medidas contra las empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

La ofensiva alcanzó también a la cadena de proveedores. La Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones a firmas de servicios petroleros para advertirles sobre las consecuencias de colaborar con Sea Lion, entre ellas restricciones para operar en la Argentina y en Vaca Muerta. El Gobierno también reglamentó durante septiembre el procedimiento para aplicar las sanciones previstas por la Ley 26.659.

La ofensiva contra Sea Lion

Las advertencias avanzaron junto con medidas administrativas y judiciales. El Gobierno abrió procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona e impulsó denuncias penales contra firmas y directivos relacionados con Sea Lion. Los expedientes siguen en trámite y no implican todavía sanciones firmes.

El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar además a una medida cautelar contra Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y ordenó suspender las obras relacionadas con el proyecto. Su aplicación efectiva enfrenta, sin embargo, el límite de que Sea Lion se desarrolla bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.

Navitas posee el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%, y ambas compañías mantienen su objetivo de comenzar la producción en 2028. La Argentina desconoce las licencias concedidas sin autorización nacional.

Del arbitraje a Halliburton

La disputa volvió a escalar el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para intentar impedir el avance de Sea Lion.

Londres respondió el 30 de septiembre. La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos y rechazó el planteo argentino. El gobierno británico también convocó a la embajadora argentina Mariana Plaza para transmitirle formalmente su protesta.

Dos días después llegó la ratificación de Halliburton: una de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo dejó establecido que ni ella ni sus filiales trabajarán en Sea Lion, aunque nunca habían formado parte del proyecto.