La Corte de San Juan registró la marca JusticIA ante el INPI

El Poder Judicial de San Juan registró oficialmente la marca JusticIA ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) y se convirtió en el primer tribunal del país en patentar una plataforma de inteligencia artificial. La herramienta ya achica los tiempos de juicios por deudas y otros trámites que afectan a miles de familias sanjuaninas.

El registro corresponde a la Marca Mixta N° 3.930.521, formalizada mediante el Acta N° 4.720.805. No se trata de una patente de invención, sino de la protección de la marca JusticIA y de los servicios de la plataforma.

La inscripción, dispuesta por la Resolución DI-2026-300-APNDNM#INPI, quedó en la Clase 45 del Nomenclador Internacional de Niza. Tiene vigencia desde septiembre de 2026 hasta el 25 de agosto de 2036.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, anunció la inscripción durante una reunión de la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) en Salta. También contó que el desarrollo sanjuanino está pensado para compartirse con otros tribunales del país.

“Somos el primer Poder Judicial en tener patentada una plataforma de IA. Hemos firmado con Open IA y Antropic”, dijo Olivares Yapur.

JusticIA funciona de manera operativa desde febrero de 2026. La desarrolló la Dirección de Informática a partir del Acuerdo General N° 85/2025, con el respaldo del Protocolo de Uso Aceptable (Acuerdo General N° 102/2024) y las normas de protección de datos personales.

La plataforma no es un chatbot abierto al que cualquier persona pueda cargarle información judicial sensible. Funciona en un entorno institucional cerrado, solo para agentes del Poder Judicial que completen una capacitación previa.

“Es un ámbito judicial cerrado que sólo funciona para agentes del Poder Judicial de San Juan. Tienen que hacer una capacitación para poder ejercer. Así se asegura la gobernanza de datos”, explicó Olivares Yapur. “Todos los datos son anonimizados”, agregó.

La plataforma reúne actualmente 44 herramientas de inteligencia artificial, según explicó el subsecretario Administrativo de la Corte, Mauricio Cerezo. El abanico va desde asistentes para tareas cotidianas hasta desarrollos específicos para distintos fueros.

Entre ellas hay sistemas para resumir documentos legales, transcribir audiencias y analizar expedientes. También hay herramientas para detectar contradicciones entre testimonios, proponer alternativas de conciliación y asistir en casos de accidentes de tránsito y procesos hereditarios.

“Es una herramienta auxiliar, no de trabajo habitual, porque ese es el sistema de cada fuero. Sirve para agilizar y respaldar, siempre preservando la decisión humana”, dijo Olivares Yapur. “Hay una absoluta independencia decisional del juez. Prevalece siempre la decisión humana”, agregó.

El impacto más concreto se ve en el fuero de ejecuciones fiscales, donde se tramitan entre 80.000 y 100.000 juicios por año. Antes de sumar la IA, procesar ese volumen demandaba más de un año de trabajo.

Con el módulo de inteligencia artificial, el mismo trabajo pasó a resolverse en unos cinco meses. “El tiempo se redujo un 60%”, explicó Cerezo.

La herramienta compara la documentación del expediente —la demanda, el título ejecutivo y la carta poder—, verifica que los datos coincidan y controla los requisitos procesales. Cuando todo coincide, genera de forma automática los proyectos de resolución y citación, que después firma el juez tras la revisión humana.

El cambio también permitió reorganizar personal: la oficina pasó de 45 a 23 empleados, y el resto fue reasignado a otros fueros con más demanda de trabajo humano. Según Cerezo, el sistema detecta entre un 1% y un 2% de inconsistencias, corregidas por operadores, frente al 20% y 25% que se registraba cuando el control era solo humano.

Dentro de JusticIA también hay aplicaciones que van más allá de redactar textos. Una de ellas audita documentos legales y sugiere reemplazos para expresiones que ya no son adecuadas, especialmente en temas de discapacidad. Otra está pensada para la perspectiva de género y revisa si las resoluciones contemplan los estándares para situaciones de vulnerabilidad.

El desarrollo más llamativo es el que traduce una sentencia judicial al lenguaje de los chicos que participan de un proceso, con recursos gráficos similares a los de un dibujo animado. Cerezo contó que ya se probó en un caso de adopción.

“Traduce lo que sería una sentencia judicial al lenguaje de un niño. Con figuras como si fuese un dibujo animado explica, como en un cuentito, la decisión de la Justicia”, dijo Cerezo. El funcionario aclaró que la herramienta no reemplaza el acompañamiento humano: jueces y funcionarios siguen presentes para explicarle la decisión al menor.

El impacto también se mide en otros fueros. En el Civil, los empleados que usan herramientas de análisis de expedientes y borradores automáticos alcanzan un 50% más de productividad que quienes no las usan, según las primeras mediciones de Cerezo.

Hoy son 235 las personas habilitadas para usar JusticIA, entre un 10% y un 15% del personal del Poder Judicial. Cerezo explicó que se trata de herramientas para tareas específicas y de mayor complejidad, con un proceso de capacitación permanente.

La estrategia no se limita a lo que desarrolla el área de informática: los propios empleados pueden detectar necesidades, probarlas primero con sistemas como ChatGPT, Claude o Copilot y después proponerlas para que se evalúen e incorporen oficialmente a JusticIA.

La expansión de la IA llevó a la Corte a fijar reglas de seguridad. “El contrato con las proveedoras tiene la preservación de los datos. Tenemos un ámbito muy estricto de seguridad informática”, dijo Olivares Yapur.

También existe una reglamentación que obliga a los integrantes del Poder Judicial a usar las herramientas institucionales cuando trabajan con información judicial. “Los jueces están obligados a usar la plataforma del Poder Judicial. Si contratan otra, son los responsables de lo que pueda acontecer”, dijo.

Cerezo coincidió en que la política institucional busca acompañar el uso de la IA dentro de un marco controlado, sin comprometer datos personales ni generar riesgos de ciberataques. La Corte advirtió que el incumplimiento puede derivar en actuaciones administrativas.

Para Olivares Yapur, el registro ante el INPI formaliza un desarrollo que la Justicia sanjuanina construye desde hace dos años, con herramientas propias, trazabilidad y protección de datos, pero siempre con la decisión final en manos de una persona. “Lejos de asustarnos, lo estudiamos y profundizamos. Los ingenieros del Poder Judicial son científicos en la materia y pudimos hacer un desarrollo propio”, dijo.

La marca JusticIA quedará protegida hasta el 25 de agosto de 2036. La Corte prevé seguir capacitando personal para sumar más agentes a la plataforma a medida que se incorporen nuevas herramientas.