San Juan, Mendoza y San Luis unifican registro de autoexcluidos del juego

La Caja de Acción Social de San Juan avanza en un acuerdo con Mendoza y San Luis para unificar los registros de personas autoexcluidas (quienes decidieron prohibirse por su cuenta el ingreso a las salas de juego). El objetivo es evitar que alguien que se bloqueó en una provincia pueda seguir apostando en otra, y así proteger a quienes atraviesan una adicción al juego.

El presidente del organismo, Juan Pablo Medina, dijo que “la voluntad está, hay un bosquejo de convenio regional para proteger a los autoexcluidos de Cuyo que son considerados grupo vulnerable”. El funcionario agregó que el tema está avanzado con Mendoza y San Luis.

Medina explicó que los datos de las personas autoexcluidas se manejan con mucho cuidado para proteger su identidad. Consultado sobre cuántas personas están inscriptas en San Juan, dijo que no tiene esa información actualizada, pero que “en su momento eran unos 250 aproximadamente“.

La autoexclusión funciona a través de la división de Juego Responsable de la provincia, donde psicólogas reciben a los jugadores o a sus familias cuando las apuestas afectan sus vínculos o su economía. Quien decide alejarse del juego firma un acuerdo que le prohíbe el ingreso a las salas físicas, pero hasta ahora esa prohibición no se compartía entre provincias.

Esa falta de un registro común dejaba una salida: una persona inhabilitada en San Juan podía viajar a un casino de Mendoza o San Luis y seguir apostando sin ningún control. El nuevo acuerdo busca cerrar esa brecha en toda la región.

El plan contempla cruzar los padrones de las tres provincias con las empresas que operan los casinos, para que el control en la entrada funcione en toda la región de Cuyo. Sería una medida pionera en el país, porque también se extenderá a las plataformas de juego legal por internet.

Este acuerdo regional se suma a las herramientas que ya tiene San Juan contra el juego clandestino en internet. Desde que se reglamentó la ley de juego en línea, la provincia cuenta con un marco legal para proteger a la población vulnerable y evitar que menores de edad accedan a plataformas no autorizadas.

La Caja de Acción Social trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para investigar a los intermediarios de los sitios clandestinos, conocidos como “cajeros”, una actividad que encuadra en el artículo 301 bis del Código Penal. A la vez, la provincia coordina denuncias con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), el Enacom, el Banco Central, Nic.ar y empresas de redes sociales para dar de baja páginas y perfiles ilegales.

También se usa un software con inteligencia artificial que rastrea la red y detecta las plataformas de apuestas ilegales con más jugadores. La herramienta permite presentar causas judiciales de forma más ordenada y acelerar los bloqueos administrativos.

El plan prevé además destinar un 10% de lo recaudado por el juego online al tratamiento de la ludopatía. Junto a los ministerios de Educación y de Familia y Desarrollo Humano, se lanzará una guía con código QR pensada para que padres y docentes puedan reconocer señales de alerta.