El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional prepara una apelación contra el fallo del juez Martín Cormick que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su aplicación.

La estrategia judicial ya comenzó a ser analizada en la Casa Rosada y, según trascendió, la presentación se realizará en los próximos días. En paralelo, el Gobierno evalúa otras alternativas legales para evitar que la aplicación de la norma implique afrontar de manera inmediata el gasto previsto.

Por ahora, dentro de la administración de Javier Milei se analiza cómo avanzar con los fondos establecidos por la ley, aunque el esquema que se busca implementar contempla recurrir las distintas decisiones judiciales que obliguen al Estado a ejecutar la normativa.

El conflicto se originó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Sin embargo, el Gobierno había condicionado su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.

Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, además de otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su resolución, el magistrado cuestionó específicamente la condición incorporada por el Ejecutivo en el decreto, que establecía que la promulgación de la ley se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Para el juez, esa disposición terminó operando como una forma de impedir la aplicación de una norma que había sido aprobada nuevamente por el Congreso con una mayoría de dos tercios, luego de que el Poder Ejecutivo decidiera vetarla.

A partir de ese análisis, Cormick ordenó al Gobierno avanzar con el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”, incluyendo el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en funcionamiento.

Además, sostuvo que el decreto cuestionado “no supera un test mínimo de razonabilidad”, al considerar que permitía suspender o dejar sin aplicación una ley mediante la utilización de un artículo correspondiente a una normativa anterior, pese a que el Congreso había insistido con su aprobación mediante las mayorías agravadas previstas.