Milei dará marcha atrás con la venta de tierras a extranjeros y prepara una mega sesión en Diputados

El Gobierno nacional prepara un cambio de rumbo en la política sobre la propiedad de tierras argentinas. La Libertad Avanza convocará a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 21 de octubre, con el objetivo de restablecer las restricciones a la adquisición de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Según informaron fuentes del oficialismo al diario Infobae, la iniciativa contempla derogar el artículo 154 del DNU 70/23, que había eliminado las limitaciones establecidas por la Ley de Tierras. De prosperar la propuesta, volvería a regir el límite del 15% de titularidad extranjera previsto en la normativa anterior.

La decisión representa un giro en la postura del Gobierno y también forma parte de una estrategia parlamentaria para desactivar una sesión que sectores de la oposición pretendían realizar el 15 de octubre. Desde el oficialismo sostienen que esa convocatoria no contaba con los votos necesarios para reunir el quórum.

“¿Querían la norma de los K? Bueno, muy a mi pesar, quedará esa”, afirmó un integrante de la conducción libertaria en declaraciones a Infobae, al explicar la decisión de avanzar con el restablecimiento de las restricciones.

Una sesión con varios temas en agenda

La discusión sobre la extranjerización de tierras será uno de los puntos de una extensa jornada legislativa. La agenda que prepara el oficialismo también contempla iniciativas relacionadas con discapacidad, endeudamiento familiar y la defensa de la soberanía nacional, además de proyectos impulsados por bloques aliados.

Antes de la sesión, el miércoles 14 de octubre, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirán para comenzar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La intención libertaria es incorporar allí un apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Con esta estrategia, el Gobierno busca acercar posiciones con diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y fuerzas provinciales. Estos espacios cuestionan la eliminación de los límites a la propiedad extranjera, aunque no acompañan necesariamente una derogación integral del DNU 70/23.

Desde la Casa Rosada advierten que dejar sin efecto el decreto completo podría generar complicaciones administrativas y judiciales, debido a la cantidad de regulaciones que modificó en áreas como el comercio, el transporte, la salud, el mercado laboral y el sector inmobiliario.

Qué propone el Gobierno para las deudas familiares

Otro de los proyectos que el oficialismo pretende llevar al recinto apunta a los problemas de endeudamiento y morosidad de los hogares. La iniciativa propone mejorar la educación financiera, brindar información más clara sobre tasas de interés y costos de los créditos, y establecer mecanismos para prevenir que los consumidores acumulen deudas que no puedan afrontar.

El texto también incorpora condiciones para los préstamos otorgados mediante plataformas digitales. Entre ellas, establece mecanismos de doble validación de identidad y aceptación, impide que el silencio del usuario o las opciones previamente seleccionadas se interpreten como consentimiento y exige que las condiciones contractuales sean entregadas de inmediato en formato digital.

La propuesta libertaria no contempla límites a las tasas de interés ni quitas de capital o intereses. En cambio, sectores del peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas impulsan una alternativa que contempla declarar la emergencia por 180 días y habilitar un esquema de refinanciación para determinadas deudas familiares.

Cambios en el proyecto de discapacidad

La agenda parlamentaria también incluirá una nueva iniciativa sobre discapacidad, luego de que el oficialismo acordara modificar su postura respecto de los cambios que había incorporado en el Presupuesto 2027.

El proyecto que impulsa ahora La Libertad Avanza mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y un sistema de aranceles unificados.

Además, a partir de los planteos de los bloques aliados, la propuesta permitirá compatibilizar la pensión con un empleo registrado, siempre que el salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El cambio busca evitar una nueva confrontación legislativa en torno a la emergencia en discapacidad, cuya vigencia finaliza a fin de año. La oposición pretende extenderla por otros doce meses.

Malvinas y la defensa de los recursos argentinos

El cuarto eje de la agenda estará vinculado con la soberanía nacional. El oficialismo buscará avanzar con un proyecto que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina.

La iniciativa extiende el alcance de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en esos territorios, para abarcar también la explotación de recursos renovables y no renovables sin autorización argentina.

Entre las medidas previstas figuran multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para operar. Las sanciones podrían alcanzar tanto a empresas como a socios y proveedores que participen de actividades prohibidas bajo las condiciones establecidas en el proyecto.

Sin embargo, la propuesta también genera reparos entre sectores opositores por la creación de un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional. El esquema plantea una coordinación permanente entre distintas áreas del Estado, incluidas las vinculadas con política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y asuntos jurídicos.

El Consejo estaría integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete y funcionarios de las áreas de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.

Con estos proyectos, el oficialismo busca concentrar varias discusiones legislativas en una misma jornada y avanzar en acuerdos con sus aliados. La convocatoria del 21 de octubre será clave para medir el respaldo parlamentario a los cambios que impulsa el Gobierno y a las modificaciones de postura que aceptó para reunir apoyos.