Denuncian que le dieron una golpiza a un sicario dentro del Penal de Chimbas
Roque Ramón Escudero, condenado por matar al empresario Antonio González, habría sufrido agresiones que lo llevaron a orinar sangre. Su abogado cuestionó el rechazo de un hábeas corpus y reclamó medidas urgentes para protegerlo.
Una denuncia por presuntas golpizas dentro del Penal de Chimbas puso bajo la lupa al personal penitenciario que tenía a su cargo la custodia de Roque Ramón Escudero, el hombre condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Antonio González, ocurrido en julio de 2011.
La decisión generó nuevos cuestionamientos por parte de la defensa, que consideró insuficiente derivar el caso a una investigación penal sin garantizar, a su entender, una protección inmediata para el condenado.
Denuncian nuevas golpizas y problemas de salud
Según el escrito presentado por la defensa, Escudero fue trasladado el 9 de junio de 2026 desde el pabellón 1, sector 2, donde llevaba más de seis años alojado por disposición judicial, hacia el pabellón 2, destinado a internos de máxima seguridad. De acuerdo con la denuncia, las autoridades penitenciarias justificaron el cambio por razones de resguardo, ante un supuesto riesgo para su vida.
Sin embargo, la presentación sostiene que, después de ese traslado, el condenado habría sido golpeado por agentes penitenciarios y quedado con hematomas visibles en distintas partes del cuerpo. La defensa también afirmó que se comunicó la situación al Juzgado de Ejecución Penal y que se solicitó su traslado a un hospital público, sin obtener la respuesta esperada.
El escrito cuestionó, además, las condiciones de alojamiento durante el período en que permaneció en el sector de máxima seguridad. Posteriormente, Escudero fue trasladado al pabellón 9, sector 1.
Uno de los episodios más recientes habría ocurrido antes de la visita del 6 de octubre. Según el relato incorporado a la presentación, su pareja, identificada como Lozano, lo encontró con hematomas importantes, principalmente en la parte superior del cuerpo. El interno le habría manifestado que volvió a ser golpeado junto con otros reclusos.
A las presuntas agresiones se sumó una preocupación médica: Escudero habría referido fuertes dolores al orinar y presencia de sangre en la orina. Según la defensa, una médica del Servicio Penitenciario le había anticipado que gestionaría estudios para determinar el origen de esos síntomas.
El reclamo de la defensa y la decisión judicial
Al rechazar el hábeas corpus, el juez Caballero consideró que los hechos denunciados, por su posible encuadre como vejaciones y apremios ilegales, debían ser investigados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos delitos autónomos. Por eso, remitió las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales y ordenó una revisión médica inmediata, con autorización para trasladar al interno a un hospital público si el criterio profesional lo justificaba.
Miranda cuestionó que la respuesta judicial no contemplara, según su interpretación, todas las medidas de protección que requería la situación denunciada. Para el abogado, la investigación penal y la tutela urgente de una persona privada de su libertad son obligaciones diferentes que pueden avanzar en simultáneo.
Entre sus objeciones, también señaló que la evaluación médica no debería quedar exclusivamente en manos de profesionales del mismo establecimiento penitenciario. Por eso, reclamó un examen independiente, a cargo del Cuerpo Médico Forense o de especialistas externos, con documentación de las lesiones y entrevistas confidenciales con el interno.
Además, pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad, analizar las pruebas ofrecidas y habilitar una audiencia urgente o un canal de comunicación directo y reservado entre Escudero y el tribunal. La defensa también advirtió sobre presuntas amenazas de represalias.
El rechazo del hábeas corpus no implica que la Justicia haya determinado que las agresiones denunciadas sean falsas ni descarta una eventual responsabilidad penal de los agentes involucrados. Esos hechos deberán ser esclarecidos en la investigación correspondiente.
El crimen que lo llevó a prisión perpetua
Roque Ramón Escudero fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Antonio González, empresario y campeón de patín carrera, ocurrido el 1 de julio de 2011 en sus oficinas comerciales de avenida Libertador, en Capital.
En un primer momento, el hecho fue presentado como un intento de asalto en el que González habría intentado defender a su hijo. Sin embargo, la investigación judicial determinó que se trató de un homicidio por encargo.
En 2014, la Sala I de la Cámara Penal condenó a Escudero como autor material del crimen. Ahora, más de una década después de aquella sentencia, su situación dentro del Servicio Penitenciario quedó en el centro de una nueva controversia judicial a raíz de las presuntas agresiones denunciadas por su defensa.
