Acueducto Gran Tulum: un ex gobernador y diez exfuncionarios serán imputados por presuntas irregularidades en la obra
La audiencia de formalización de la causa se realizará este miércoles 14 de octubre, a las 14.30, en Tribunales. La investigación busca determinar si hubo delitos contra la administración pública y un perjuicio económico para el Estado provincial.

La causa
judicial por el Acueducto Gran Tulum tendrá este miércoles una instancia clave
con la audiencia de formalización de la investigación penal contra el
exgobernador de San Juan Sergio Uñac y otras diez personas vinculadas con la
obra, entre exfuncionarios provinciales, responsables de OSSE y representantes
de la empresa adjudicataria.
Según informó
el Ministerio Público Fiscal de San Juan, la Oficina Judicial fijó la audiencia
para el 14 de octubre, a partir de las 14.30, en la Sala 9, ubicada en el
subsuelo del Edificio de Tribunales. El expediente está caratulado como “Actuaciones
por denuncia en perjuicio de la administración pública” y es investigado
por la UFI de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y
Sebastián Gómez.
La
investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en la
contratación del Acueducto Gran Tulum, la provisión de materiales, la ejecución
de los trabajos y los mecanismos de control de la obra. Uno de los aspectos
centrales será establecer si las presuntas irregularidades ocasionaron un
perjuicio económico para las arcas provinciales.
Los once
convocados a la audiencia
Además de Sergio Uñac,
quien gobernó San Juan entre 2015 y 2023, la Fiscalía notificó a otras diez
personas que tuvieron participación en distintas etapas del proyecto o
estuvieron vinculadas con la empresa adjudicataria. Todos ellos deberán asistir
a la audiencia con sus respectivos asesores letrados.
Entre los
convocados se encuentra Julio César Ortiz Andino, quien se desempeñó como
ministro de Infraestructura durante las gestiones de Uñac. También fue
notificado Gustavo Fabián Mastelono, presidente y representante de Krah América
Latina S.A., la firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en
San Juan a Gustavo Horacio Monti.
La nómina
incluye a Cristian Felipe Andino, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del
Estado (OSSE) entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 y actual diputado
nacional; Sergio Fabián Ruiz, quien presidió el organismo entre diciembre de
2015 y febrero de 2019 y actualmente se desempeña como asesor del senador Uñac;
y Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de OSSE y actual
juez laboral.
Completan la
lista Juan Carlos Caparros, presidente de OSSE entre febrero y diciembre de
2019; Guillermo Nicolás Sirerol, titular del organismo entre diciembre de 2019
y octubre de 2023; Juan Antonio Sánchez, funcionario vinculado con la
implementación del proyecto; Francisco José Javier Correa, auditor técnico y
gerente de Obras de OSSE; y Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento
Proyectos del organismo.
Los fueros y
las posibles medidas judiciales
La audiencia también
estará atravesada por la situación procesal de los convocados y las eventuales
medidas que pueda disponer la Justicia. De acuerdo con lo previsto en el Código
Procesal Penal, el juez puede ordenar la detención de una persona imputada
luego de la formalización de la investigación, si se cumplen los requisitos
legales correspondientes.
En ese
contexto, Sergio Uñac, Cristian Andino y Humberto Gonzalo Caballero cuentan con
fueros que impedirían concretar una eventual detención mientras se mantengan
esas protecciones y no se cumplan los procedimientos legales necesarios.
La
formalización permitirá conocer los hechos que la Fiscalía atribuye a cada uno
de los involucrados y el encuadre legal de las conductas investigadas. Se trata
de una instancia procesal que da inicio formal a la investigación penal
respecto de los imputados y no implica, por sí misma, una declaración de
culpabilidad.
El caso
Acueducto Gran Tulum concentra la atención judicial sobre una obra de
infraestructura hídrica provincial y las decisiones adoptadas durante sus
distintas etapas. El avance de la causa buscará determinar las
responsabilidades individuales que pudieran surgir de la investigación y si
existieron delitos contra la administración pública.






