Bajo la lupa penal: la trama de irregularidades tras la mayor obra hídrica de la provincia

El presunto desvío de fondos e irregularidades operativas en la ejecución, provisión de insumos y fiscalización del Acueducto Gran Tulum han escalado al plano penal. La Justicia provincial busca esclarecer si el entramado de decisiones en torno a este proyecto de infraestructura derivó en un perjuicio económico directo contra el erario público de San Juan.

En este escenario, el fuero que ampara a tres de las figuras clave emerge como un factor determinante para la dinámica del proceso. El exmandatario provincial Sergio Uñac, el actual legislador nacional Cristian Andino y el magistrado del fuero laboral Humberto Gonzalo Caballero ostentan inmunidades que blindan de momento cualquier eventual medida cautelar privativa de la libertad, mecanismo que el Código Procesal Penal autoriza a aplicar tras la imputación si el juez lo considera pertinente.

Quienes deberán responder ante los fiscales

El expediente que instruye la Unidad Fiscal de Delitos Especiales —a cargo de las investigaciones conducidas por Francisco Pizarro y Sebastián Gómez— abarca un abanico de once personas, entre ex directivos estatales, auditores y ejecutivos privados. Todos deberán comparecer acompañados por sus representantes legales.

La nómina de citados incluye a:

• Poder Ejecutivo y Asesoría: El exgobernador Sergio Uñac (2015-2023) y quien fuera su ministro de Infraestructura, Julio César Ortiz Andino.

• Exautoridades de OSSE: Múltiples gestiones al frente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado quedaron bajo la lupa, alcanzando a Cristian Felipe Andino (2011-2015), Sergio Fabián Ruiz (2015-2019, hoy asesor senatorial), Juan Carlos Caparros (2019) y Guillermo Nicolás Sirerol (2019-2023).

• Estructura técnica y jurídica: El exjefe legal de OSSE, Humberto Gonzalo Caballero; el auditor y gerente de Obras, Francisco José Javier Correa; el responsable del área de Proyectos, Rolando Vicente Caruso; y el funcionario operativo Juan Antonio Sánchez.

• Sector empresarial: Gustavo Fabián Mastelono, titular de Krah América Latina S.A. (empresa adjudicataria), junto a Gustavo Horacio Monti, apoderado local del consorcio.

Cita en el subsuelo de Tribunales

El arranque formal del proceso penal quedó fijado para el miércoles 14 de octubre a las 14:30 horas. Por disposición de la Oficina Judicial, las partes se reunirán en la Sala 9 del subsuelo del Palacio de Tribunales.

Durante esta cita de formalización, la Fiscalía expondrá en detalle los cargos atribuidos a cada uno de los investigados y el marco legal correspondiente. Las autoridades judiciales recalcaron que la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) constituye un paso procedimental obligatorio para garantizar la defensa y no determina, en esta fase, la culpabilidad de los imputados.