La Justicia ordenó levantar el paro de colectivos y fijó multas de $1 millón por día

La Justicia de San Juan intervino en el conflicto que mantiene paralizado al transporte público y ordenó que el servicio de colectivos vuelva a funcionar con normalidad en toda la provincia.

La resolución fue dictada este jueves por el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, luego de que la Fiscalía de Estado presentara una medida cautelar para frenar las medidas de fuerza impulsadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).

De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado, las organizaciones involucradas y las empresas concesionarias deberán retomar la prestación del servicio una vez que sean notificadas formalmente del fallo. También deberán poner a disposición los colectivos y los recursos necesarios para garantizar la circulación.

La resolución contempla además consecuencias económicas en caso de que la orden judicial no sea acatada. Para los trabajadores que continúen con la medida de fuerza luego de haber sido notificados, se estableció una multa de $1.000.000 por cada día de incumplimiento.

El fallo también alcanza a las entidades sindicales, sus autoridades y las empresas involucradas, con sanciones previstas ante eventuales incumplimientos. En paralelo, la Justicia determinó que, si la medida no es respetada, las actuaciones sean enviadas a la Fiscalía General para analizar una posible infracción a los artículos 239 y 106 del Código Penal.

El planteo de Fiscalía de Estado

La presentación judicial había sido realizada con el objetivo de evitar que la interrupción del transporte se extendiera y afectara a los usuarios que necesitan del servicio para trasladarse diariamente.

Al fundamentar su decisión, el juez puso en consideración la necesidad de compatibilizar el derecho a huelga con otros derechos reconocidos constitucionalmente, entre ellos la circulación, el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria.

La resolución advierte que una paralización total del transporte puede generar consecuencias particularmente importantes para las personas que no cuentan con otros medios para llegar a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o centros de salud.

En ese sentido, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó en diálogo con 0264 Radio que la acción judicial apuntó precisamente a restablecer el servicio y evitar que otros derechos quedaran afectados.

“Los fundamentos básicamente son proteger los derechos constitucionales que tiene la gente, no solamente a transitar libremente y por medio del transporte público por la provincia, sino también el derecho a la salud”, sostuvo.

Dávila señaló que la situación alcanza a distintos sectores de la población y remarcó que la discusión no pasa por desconocer el derecho de los trabajadores a reclamar.

“No desconocemos en absoluto el derecho de cualquier trabajador de poder protestar, pero la afectación de otros derechos de bien público que tenemos que proteger, constitucionales, hace que intervengamos con esta medida”, afirmó.

El funcionario también se refirió a la sanción económica contemplada en el fallo y aclaró que la multa de un millón de pesos diarios fue establecida directamente por el magistrado.

“Eso son decisiones del juez. Nosotros, lógicamente, pedimos que se asegure la restitución de la normal prestación del servicio de transporte”, expresó Dávila.

De esta manera, la continuidad del conflicto entre los choferes, las empresas y las autoridades quedó atravesada ahora por una orden judicial que exige el restablecimiento del transporte público en toda la provincia.