A un sanjuanino le robaron el celular en Brasil y vaciaron sus cuentas: hubo más de 1.600 movimientos

Lo que comenzó con el robo de un teléfono celular durante un viaje a Brasil terminó en un grave perjuicio económico para Jorge Coll, propietario de Farmacia San Martín. Luego de ese episodio, delincuentes habrían conseguido acceder a sus servicios financieros y desplegar una operatoria que incluyó más de 1.600 transacciones en cuestión de días.

La maniobra habría provocado la salida de casi $200 millones y otros 6.000 dólares de sus cuentas. Los movimientos involucraron a tres entidades: Banco Supervielle, Banco Galicia y la billetera virtual Naranja X.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención al analizar las operaciones fue la velocidad con la que se ejecutaron. De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, en apenas 44 segundos se concretaron cinco transacciones. A eso se sumaron transferencias de montos elevados desde cuentas que, habitualmente, registraban escasa actividad.

La cantidad de movimientos y sus características abrieron un fuerte interrogante sobre los controles de seguridad de las plataformas financieras. El reclamo apunta a determinar por qué no se detectó a tiempo una operatoria de semejante magnitud y si existieron mecanismos de prevención que pudieran haber impedido que continuara el drenaje de dinero.

En particular, se cuestiona que no se hayan activado alertas, bloqueos preventivos o mecanismos de verificación para confirmar con el titular si era él quien estaba realizando las operaciones.

Ante lo ocurrido, Coll inició dos caminos judiciales. Por un lado, presentó una denuncia penal para que se esclarezca cómo se produjo el acceso a sus cuentas y se pueda identificar a quienes ejecutaron las transacciones.

Por otro, impulsó una demanda civil contra Banco Supervielle, Banco Galicia y Naranja X. A través de esa presentación busca que las entidades respondan por las pérdidas económicas y por las presuntas fallas en los sistemas destinados a proteger los fondos de sus clientes.

El caso pone bajo la lupa la capacidad de respuesta de las entidades financieras frente a los delitos digitales, especialmente cuando se producen numerosas operaciones en lapsos extremadamente cortos y por cifras que se apartan del comportamiento habitual de una cuenta.

Mientras los reclamos avanzan por la vía judicial, la investigación deberá establecer cómo se concretó el vaciamiento y qué grado de responsabilidad les corresponde a los distintos actores involucrados.